Junta Directiva

OPINIÓN ARTICULOS

Sobre el gasto sanitario

MANUEL MATALLANAS BERMEJO/ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS (ADSPA)

CUANDO uno se aproxima a analizar el gasto sanitario en nuestro país, conviene no considerar sólo el aspecto netamente financiero, para poder tener una visión completa del papel que juega, no sólo como un componente básico del conjunto del presupuesto, sino como homogeneizador social. Pocos servicios, pocos, son tan definitorios de la estructura social del país y pocos son tan valorados por los ciudadanos como esenciales. Se considera que es siempre creciente porque la población tiende al envejecimiento y se hace más dependiente de los servicios sanitarios, en la medida en que las posibilidades de enfermar aumentan con la edad. A su vez, el desarrollo tecnológico juega un papel esencial en este aumento, tanto que es el llamado Uso Tecnológico el que más relevancia tiene en el incremento del gasto sanitario, incluyendo en él, sobre todo, los productos farmacéuticos, cuya factura global ya sobrepasa en nuestro país el 26% del total.

El aumento de la esperanza de vida al nacer es una consecución de la mejora de las condiciones económicas y sociales y, entre ellas, la mejora del Servicio Nacional de Salud, irrenunciable para la sociedad española, que, después de muchos años de retraso, debe intentar converger en todas las materias, especialmente las sociales, con la media de lo países de la UE.

La realidad es tozuda a pesar del propagandismo interesado de los que quiieren demostrar lo contrario. Según fuentes de la OCDE (2003), el crecimiento del gasto sanitario en nuestro país ha sido similar al promedio de los países de la OCDE, es decir, un 3,4 % anual en la década 1990-2001. Sin embargo, este crecimiento parece insuficiente respecto del PIB, que creció por encima de la media de estos países: 2,3 % anual sobre 2,1% de la media.

Desde la publicación de la Ley General de Sanidad en 1986, era necesario construir un Servicio Nacional de Salud desde unas estructuras de servicios sanitarios de la Seguridad Social insuficientes, y con un aumento de cobertura de más de 10 millones de ciudadanos. Así, el gasto sanitario desde 1986 a 1991 crece el 110 % y entre 1991 a 1995 se modera hasta el 40% de incremento. A partir de 1996, el gasto se estanca (Globalización y Salud-FADSP).

La dimensión del gasto sanitario está en nuestro país en el entorno del 7,5 % del PIB, cuando la media de la OCDE está en el 8,1%. Si nos fijamos en el Gasto Sanitario Público, éste es un 5,2% del PIB, habiéndose reducido en la última década en casi un 10%.

La relación del gasto sanitario con el PIB de cada país y éste con el de los países de nuestro entorno (UE), expresa que cada uno debe gastar en sanidad lo que le permite su nivel de riqueza para garantizar la sostenibilidad del sistema. España ha crecido en la última década por encima de la media de la UE, pero el porcentaje de Gasto Sanitario Publico sobre el PIB ha decrecido. Mientras convergemos en niveles de riqueza global, divergemos en los niveles de gasto social, en este caso, sanitario.

Es fácil deducir que deberíamos crecer más para dimensionar nuestro gasto en relación con el desarrollo global del país, porque podemos financieramente hacerlo y porque la evolución de la demanda de atención sanitaria, en cantidad y calidad, lo está pidiendo a gritos cuando exige reduccion de los tiempos de espera, incorporación de nuevas prestaciones o mejoras en la calidad y el confort. Esto puede conseguirse, aunque no sólo incrementando en al menos un punto la participación del gasto sanitario publico en el PIB.

Necesidad que es extensible al conjunto del gasto social en nuestro país. En 1977, España gastaba en este concepto el 14% del PIB, frente al 22,9% de la media Europea. En 1993 nos acercamos mediante un 24% al 28% que tenía la UE, pero desde 1996 este porcentaje ha disminuido. En 2002 era del 19,6%, a la cola de la UE, sólo delante de Irlanda. Una auténtica desconvergencia social con la UE, en un contexto de aumento del PIB, de los beneficios empresariales y presumiendo de déficit cero.

La estructura del gasto precisa ser corregida con reformas en la estructura de gestión del sistema. En los primeros años desde la Ley General de Sanidad, los gastos de personal constituían la partida más importante del total. Sin embargo, en los últimos 10 años lo son los relacionados con el uso tecnológico, y es aquí donde los poderes públicos deben incidir para no desequilibrar el gasto. Para ello se hace preciso el establecimiento de sistemas de evaluación para la incorporación de nuevas tecnologías, que, sin renunciar a ellas, garanticen una adecuada relación entre el coste y los beneficios en producción de salud.

En el caso de la factura farmacéutica se hace necesario invertir la tendencia de una manera vigorosa, utilizando mecanismos de corrección, desde la autorización de fármacos a la información permanente a los facultativos para la mejora de la calidad de la prescripción.

El porcentaje de gasto sanitario privado , dentro del global, ha aumentado en los últimos años, estimulado por la reforma del IRPF, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999 , que produce ventajas fiscales para las empresas que estimulen el contrato de seguros privados de sus empleados. El incremento ha venido siendo desde entonces superior al 3%, encontrándose en 2002 en una dimensión de 3.290 millones de euros (Globalización y Salud. FADSP).

Otra situación singular es la del mutualismo administrativo: MUFACE, ISFAS, MUJEJO (funcionarios, jueces y militares), que están financiadas: 70% por parte del Estado y 30% por parte de los funcionarios. Éstos tienen libertad de elegir entre la provisión pública de servicios o una privada financiada públicamente. La mayoría elige la privada pero recurren a los grandes hospitales públicos para problemas de mayor complejidad clínica o tecnológica. Además, estos ciudadanos pagan sólo el 30% del coste de los medicamentos, frente al 40% del resto de los ciudadanos.

El gasto en salud publica está en el entorno de un casi ridículo 5%. En contraste con la evidencia de problemas de salud: tabaquismo, intoxicaciones alimentarias, accidentes laborales y de tráfico (98.443 accidentes con víctimas en 2002), que elevan el presupuesto sanitario. La financiación sanitaria de las comunidades autónomas ya es el centro del debate. Tras el acuerdo sobre financiación autonómica de 2001, que condicionó casi a la trágala la aceptación de la financiación sanitaria en el proceso de transferencias de 2002, se consolidaron las diferencias entre las ultimas 10 comunidades transferidas, entre ellas, Asturias. Desde los 715,8 euros /habitante de Madrid a los 996,6 de La Rioja (Asturias 870,9).

Pero lo más importante es que el sistema de financiación está basado en la recaudación de impuestos, y no todas las comunidades tienen igual estructura económica y capacidad para recaudar. Algunas con dificultades muy relevantes en este sentido, como Asturias. Ello hace prever un claro incremento de las desigualdades. Así, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de presupuestos era, en 2002, de 191,36, mientras que en 2004 ha sido ya de 483,81, con coeficientes de variación de 0,06 y de 0,12... (Globalización y Salud. FADSP).

Es un buen criterio el anunciado recientemente por el Ministerio de Sanidad, acerca de que el Estado garantiza el mismo catálogo de prestaciones con su financiación, pero la forma en que se pueden, o no, añadir nuevas prestaciones, dependiendo de las capacidades económicas de las diferentes comunidades (ya real en la actualidad), no parece estar definida y lo poco que se intuye no anima a la tranquilidad.

La virtud esencial del Estado en nuestro país, aun en el caso de que desarrollara una estructura federal, consiste en la búsqueda continua de la cohesión territorial, caminando en la dirección de la eliminación de diferencias entre comunidades ricas y pobres, pues en la mayoría de los casos ésta viene marcada por la historia y la tradición migratoria interna. Por ello la formula de financiación que se encuentre, debe tener esto siempre presente para garantizar este derecho básico de nuestra Constitución.

En resumen, que al hablar del gasto sanitario no vale sólo plantearse un buen sistema de financiación, que también, sino que hay que actuar en su dimensión aumentando el porcentaje de PIB necesario; en su estructura, para mejorar la eficiencia en su gestión, y en su evolución, para acomodar su crecimiento de una manera sostenible, haciendo que el desarrollo tecnológico tan necesario se haga bajo los parámetros que midan su impacto en la mejoría de la salud.


	OPINIÓN ARTICULOS Sobre el gasto sanitario MANUEL MATALLANAS BERMEJO/ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS (ADSPA) CUANDO uno se aproxima a analizar el gasto sanitario en nuestro país, conviene no considerar sólo el aspecto netamente financiero, para poder tener una visión completa del papel que juega, no sólo como un componente básico del conjunto del presupuesto, sino como homogeneizador social. Pocos servicios, pocos, son tan definitorios de la estructura social del país y pocos son tan valorados por los ciudadanos como esenciales. Se considera que es siempre creciente porque la población tiende al envejecimiento y se hace más dependiente de los servicios sanitarios, en la medida en que las posibilidades de enfermar aumentan con la edad. A su vez, el desarrollo tecnológico juega un papel esencial en este aumento, tanto que es el llamado Uso Tecnológico el que más relevancia tiene en el incremento del gasto sanitario, incluyendo en él, sobre todo, los productos farmacéuticos, cuya factura global ya sobrepasa en nuestro país el 26% del total. El aumento de la esperanza de vida al nacer es una consecución de la mejora de las condiciones económicas y sociales y, entre ellas, la mejora del Servicio Nacional de Salud, irrenunciable para la sociedad española, que, después de muchos años de retraso, debe intentar converger en todas las materias, especialmente las sociales, con la media de lo países de la UE. La realidad es tozuda a pesar del propagandismo interesado de los que quiieren demostrar lo contrario. Según fuentes de la OCDE (2003), el crecimiento del gasto sanitario en nuestro país ha sido similar al promedio de los países de la OCDE, es decir, un 3,4 % anual en la década 1990-2001. Sin embargo, este crecimiento parece insuficiente respecto del PIB, que creció por encima de la media de estos países: 2,3 % anual sobre 2,1% de la media. Desde la publicación de la Ley General de Sanidad en 1986, era necesario construir un Servicio Nacional de Salud desde unas estructuras de servicios sanitarios de la Seguridad Social insuficientes, y con un aumento de cobertura de más de 10 millones de ciudadanos. Así, el gasto sanitario desde 1986 a 1991 crece el 110 % y entre 1991 a 1995 se modera hasta el 40% de incremento. A partir de 1996, el gasto se estanca (Globalización y Salud-FADSP). La dimensión del gasto sanitario está en nuestro país en el entorno del 7,5 % del PIB, cuando la media de la OCDE está en el 8,1%. Si nos fijamos en el Gasto Sanitario Público, éste es un 5,2% del PIB, habiéndose reducido en la última década en casi un 10%. La relación del gasto sanitario con el PIB de cada país y éste con el de los países de nuestro entorno (UE), expresa que cada uno debe gastar en sanidad lo que le permite su nivel de riqueza para garantizar la sostenibilidad del sistema. España ha crecido en la última década por encima de la media de la UE, pero el porcentaje de Gasto Sanitario Publico sobre el PIB ha decrecido. Mientras convergemos en niveles de riqueza global, divergemos en los niveles de gasto social, en este caso, sanitario. Es fácil deducir que deberíamos crecer más para dimensionar nuestro gasto en relación con el desarrollo global del país, porque podemos financieramente hacerlo y porque la evolución de la demanda de atención sanitaria, en cantidad y calidad, lo está pidiendo a gritos cuando exige reduccion de los tiempos de espera, incorporación de nuevas prestaciones o mejoras en la calidad y el confort. Esto puede conseguirse, aunque no sólo incrementando en al menos un punto la participación del gasto sanitario publico en el PIB. Necesidad que es extensible al conjunto del gasto social en nuestro país. En 1977, España gastaba en este concepto el 14% del PIB, frente al 22,9% de la media Europea. En 1993 nos acercamos mediante un 24% al 28% que tenía la UE, pero desde 1996 este porcentaje ha disminuido. En 2002 era del 19,6%, a la cola de la UE, sólo delante de Irlanda. Una auténtica desconvergencia social con la UE, en un contexto de aumento del PIB, de los beneficios empresariales y presumiendo de déficit cero. La estructura del gasto precisa ser corregida con reformas en la estructura de gestión del sistema. En los primeros años desde la Ley General de Sanidad, los gastos de personal constituían la partida más importante del total. Sin embargo, en los últimos 10 años lo son los relacionados con el uso tecnológico, y es aquí donde los poderes públicos deben incidir para no desequilibrar el gasto. Para ello se hace preciso el establecimiento de sistemas de evaluación para la incorporación de nuevas tecnologías, que, sin renunciar a ellas, garanticen una adecuada relación entre el coste y los beneficios en producción de salud. En el caso de la factura farmacéutica se hace necesario invertir la tendencia de una manera vigorosa, utilizando mecanismos de corrección, desde la autorización de fármacos a la información permanente a los facultativos para la mejora de la calidad de la prescripción. El porcentaje de gasto sanitario privado , dentro del global, ha aumentado en los últimos años, estimulado por la reforma del IRPF, incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999 , que produce ventajas fiscales para las empresas que estimulen el contrato de seguros privados de sus empleados. El incremento ha venido siendo desde entonces superior al 3%, encontrándose en 2002 en una dimensión de 3.290 millones de euros (Globalización y Salud. FADSP). Otra situación singular es la del mutualismo administrativo: MUFACE, ISFAS, MUJEJO (funcionarios, jueces y militares), que están financiadas: 70% por parte del Estado y 30% por parte de los funcionarios. Éstos tienen libertad de elegir entre la provisión pública de servicios o una privada financiada públicamente. La mayoría elige la privada pero recurren a los grandes hospitales públicos para problemas de mayor complejidad clínica o tecnológica. Además, estos ciudadanos pagan sólo el 30% del coste de los medicamentos, frente al 40% del resto de los ciudadanos. El gasto en salud publica está en el entorno de un casi ridículo 5%. En contraste con la evidencia de problemas de salud: tabaquismo, intoxicaciones alimentarias, accidentes laborales y de tráfico (98.443 accidentes con víctimas en 2002), que elevan el presupuesto sanitario. La financiación sanitaria de las comunidades autónomas ya es el centro del debate. Tras el acuerdo sobre financiación autonómica de 2001, que condicionó casi a la trágala la aceptación de la financiación sanitaria en el proceso de transferencias de 2002, se consolidaron las diferencias entre las ultimas 10 comunidades transferidas, entre ellas, Asturias. Desde los 715,8 euros /habitante de Madrid a los 996,6 de La Rioja (Asturias 870,9). Pero lo más importante es que el sistema de financiación está basado en la recaudación de impuestos, y no todas las comunidades tienen igual estructura económica y capacidad para recaudar. Algunas con dificultades muy relevantes en este sentido, como Asturias. Ello hace prever un claro incremento de las desigualdades. Así, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de presupuestos era, en 2002, de 191,36, mientras que en 2004 ha sido ya de 483,81, con coeficientes de variación de 0,06 y de 0,12... (Globalización y Salud. FADSP). Es un buen criterio el anunciado recientemente por el Ministerio de Sanidad, acerca de que el Estado garantiza el mismo catálogo de prestaciones con su financiación, pero la forma en que se pueden, o no, añadir nuevas prestaciones, dependiendo de las capacidades económicas de las diferentes comunidades (ya real en la actualidad), no parece estar definida y lo poco que se intuye no anima a la tranquilidad. La virtud esencial del Estado en nuestro país, aun en el caso de que desarrollara una estructura federal, consiste en la búsqueda continua de la cohesión territorial, caminando en la dirección de la eliminación de diferencias entre comunidades ricas y pobres, pues en la mayoría de los casos ésta viene marcada por la historia y la tradición migratoria interna. Por ello la formula de financiación que se encuentre, debe tener esto siempre presente para garantizar este derecho básico de nuestra Constitución. En resumen, que al hablar del gasto sanitario no vale sólo plantearse un buen sistema de financiación, que también, sino que hay que actuar en su dimensión aumentando el porcentaje de PIB necesario; en su estructura, para mejorar la eficiencia en su gestión, y en su evolución, para acomodar su crecimiento de una manera sostenible, haciendo que el desarrollo tecnológico tan necesario se haga bajo los parámetros que midan su impacto en la mejoría de la salud.
	ADSP - Asturias